El Poder Ejecutivo federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, dejó claro que no está de acuerdo con la retroactividad en la aprobación de cambios a leyes, al considerar que el transitorio que “parecía” tener ese objetivo en la Ley de Amparo pudo ser por la falta de claridad en la redacción e hizo sugerencias para que no se interprete como medida violatoria de la Constitución.  

Respecto al transitorio que se incluyó en la Cámara de Senadores y pasó a la de Diputados, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, indicó algunas sugerencias a los y las legisladoras:  

“En un ejercicio de diálogo institucional entre poderes y de considerarlo conveniente, realizar un ajuste al artículo transitorio que contemple los siguientes elementos: El primero es dejar claro que la Ley de Amparo es una ley procesal; también que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento del inicio de los procesos”. 

Agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del decreto de reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. 

El funcionario consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en ser muy enfática en que ninguna ley debe ser retroactiva, por lo que, dijo, “esta redacción no es la más adecuada, la más clara, pero vamos a ver cuál es la intención del legislador”, sobre todo, porque afirmó que las leyes también deben tener un sentido pedagógico y ser claras para la ciudadanía. 

Insistió en que el precepto no tiene suficiente claridad y que no significa que se van a revocar las suspensiones de amparos. 

Con información de Proceso