Durante este lunes se realizó la Reunión Alianza Federalista, resistir en unidad ¡nuestra mayor fortaleza!, donde mandatarios estatales revisaron los fondos económicos que le corresponderán a 10 entidades de la República.

En el encuentro, los mandatarios discutieron las repercusiones económicas que se podrían registrar por la pandemia de Covid-19 y las afectaciones que generará la extinción de 109 fideicomisos.

Los gobernadores que asistieron fueron los siguientes: Martin Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, además de Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, Javier Corral Jurado gobernador de Chihuahua, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado de Colima y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato.

Según el análisis de los mandatarios, cerca de 70 mil millones de pesos se encuentran en riesgo por la reducción de Presupuestos de los estados de un total de 109 fideicomisos.

Coincidieron en que la disminución de recursos a la tecnología podría impactar en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) y afectar los problemas de seguridad de las regiones.

Este viernes la diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio Ayala organizó un encuentro en línea para discutir el tema del corte de fideicomisos que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados.

El conversatorio se llamó “Extinción de fideicomisos, un atentado a los derechos humanos” y expertos en el tema se unieron para hablar acerca de este tema, pues de ser ratificado por el Senado, los defensores de derechos humanos, periodistas, científicos y otros sectores se verán en peligro.

Villavicencio Ayala, quien también es titular de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, declaró que la desaparición de estos instrumentos financieros generó polémica debido a que dejaría sin recursos a importantes instituciones para el desarrollo del país.

“Quienes estuvimos en contra escuchamos muchísimos argumentos valiosos para rectificar esta decisión. Muchos votaron porque se dice que los fideicomisos son opacos y han propiciado corrupción y que no están cumpliendo, pero pregunto: ¿cuáles son las principales implicaciones que representa su extinción en áreas como derechos humanos y ciencia y tecnología?”, cuestionó.

Agregó que quienes defendieron que los fideicomisos permanecieran, es porque saben que la obligación del Estado es defender a sus habitantes.

“Estamos por la defensa de los fideicomisos que están cumpliendo, que son fiscalizados, que defienden la vida de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Si el Estado tiene una razón de ser es la de preservar la vida de los habitantes”, enfatizó.

Además, argumentó que no todo lo que viene de gobiernos pasados merece ser desmantelado, pues existen algunos fideicomisos e instituciones que sí han funcionado. Fue por eso que pidió a los senadores hacer una evaluación pertinentes a algunos de estos fondos.

“El mejor mecanismo es justamente éste; si falla debe ser perfeccionado. No podemos dejarlos en estado de incertidumbre”, declaró.

Mauricio Merino, investigador del CIDE y dirigente de la Organización Nostrxs negó que al extinguir estos fondos vaya a haber un ahorro, ya que dentro de estos hay recursos de empresas, de otras naciones y de universidades con quienes se tienen acuerdos.

No solo esto, pero si se eliminan y además se cumple el compromiso de que el dinero irá directamente a las instituciones, esto sería muy malo para la política de austeridad que el gobierno actual presume.

“Las reglas de los fideicomisos son más rigurosas que las que son para el ejercicio del presupuesto público”, aseguró.

Mientras tanto, Ana Katiria Suárez Castro, maestra en Ciencias Penales y Criminología por las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra, explicó que la extinción de los fideicomisos sería un castigo para los más vulnerables. Por lo que primero exigió probar la corrupción de los operadores de estos.

La periodista defensora de Derechos Humanos, Lucía Lagunes, secundo esta idea y recordó que el mecanismo de protección a las garantías constitucionales nació en 2012, así como el fideicomiso que tiene el mismo propósito. No obstante, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo.

“El fideicomiso jamás ha recibido un llamado por el mal uso de recursos”, subrayó.

Agregó que no es una cuestión de defender los fideicomisos, sino de revisarlos uno por uno y si se encuentran delitos, que se inicien investigaciones y se castiguen a los responsables de malversar los recursos del pueblo.

“Revisemos todo y transparentémoslo, que lleguen a donde tengan que llegar”, aseveró.

Con información de Xeva e Infobae.