Hace unas semanas, The México News publicó una situación ocurrida en el municipio de Progreso, Yucatán, en donde el presidente municipal del lugar pretende hacerse ilegalmente de un terreno propiedad de una comunidad, para llevar a cabo un proyecto del que las autoridades federales no tienen conocimiento.

El edil Julián Zacarías Curi (PAN) pretende expropiar un espacio deportivo, el cual es propiedad de la comisaría de Chicxulub Puerto, una pequeña localidad ubicada en la parte norte de la demarcación. En su momento, expusimos que el funcionario estaba recurriendo a la duplicación de escrituras para conseguir su objetivo.

Este miércoles, el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y los pobladores de la comisaría alcanzó un nuevo punto cuando dos ciudadanas fueron detenidas y agredidas físicamente durante la mañana, tras percatarse que un grupo de trabajadores se escabulló dentro del predio en disputa para cercarlo.

Las víctimas relatan que, cerca de las cinco de la mañana, se dieron cuenta que algunas personas se estaban colando en las inmediaciones del centro deportivo, por lo que acudieron a ver de qué se trataba. Ahí, en presencia de un funcionario local de Desarrollo Urbano, les dijeron que iba a comenzar el derribo de las instalaciones para la construcción de un proyecto comercial.

Ante esta respuesta, las mujeres argumentaron que eso no fue lo que se discutió en las mesas de trabajo entre los habitantes, el municipio y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) federal; a lo que los funcionarios reviraron afirmando que eran órdenes ‘de lo más alto’.

Posteriormente, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Progreso, por lo que intervino su abogada, la activista Dariana Quintal. Al llegar a donde se encontraban les dijeron que no habían sido detenidas, sino ‘resguardadas’; sin embargo, ambas presentaban huellas de abusos físicos.

Una de las implicadas presentaba golpes en todo el cuerpo, mientras que la otra sufre de un desgarre muscular en una de sus pantorrillas. La representante legal incluso nos envió la receta médica que se le entregó tras ser consultada por un especialista médico, en la que se recomienda el uso de analgésicos –tópicos y orales-; así como la aplicación de terapia térmica en la zona afectada.

Posteriormente, un grupo de personas se dio cita en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Progreso para exhibir los excesos cometidos por orden del alcalde, cuando este intentó saltarse las disposiciones emitidas por las autoridades federales para continuar llevando a cabo sus planes.

En su momento, reportamos que Julián Zacarías Curi es sobrino de Juan Zacarías Dib, dueño de la empresa Pescamex, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en operaciones de facturas falsas, tráfico de especies en peligro de extinción y tráfico de drogas.

Sin embargo, la familia Zacarías goza de contactos muy poderosos al interior del gobierno estatal, ya que David Zacarías, hijo del empresario, está casado con Jessica Saidén, hija de Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública del estado desde 2007.

El pasado 19 de septiembre, una comisión de vecinos de Chicxulub Puerto, encabezados por Dariana Quintal, acudió a la Ciudad de México. Ahí, se reunieron con el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón y el subsecretario Daniel Octavio Fajardo. Además, llegaron hasta Palacio Nacional y entregaron un expediente del caso al presidente Andrés Manuel López Obrador.