El 75 por ciento de la población del país (93 millones de mexicanos) vive en condiciones de violencia, de acuerdo con Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

El año pasado fue el “más violento” para México. En su tercer año consecutivo a la baja, el nivel de paz nacional decayó en 4.9 por ciento; y la violencia en el país costó 5.16 billones de pesos (24 por ciento del PIB), según datos del IEP y del informe del Índice de Paz México (IPM) 2019.

“Vivimos una crisis de violencia”, lamentó Juárez.

A la par que la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada aumentó en 11.6 por ciento en 2018, la tasa de homicidios repuntó en 14 por ciento (34 mil vidas más perdidas) y la mayoría (69.4 por ciento) fue cometida con arma de fuego, refiere el informe presentado este día.

Pese a que el país ocupa el lugar 140 de 163 naciones con más violencia, México tiene un “superávit de paz positiva” al ocupar la posición 62 de 163 países, comentó Juárez. Esto implica que existe la oportunidad de revertir la violencia, siempre y cuando sean mejoradas las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

Sin embargo, la “falta de profesionalización” de las instituciones de seguridad, de organización y de prevalecía del uso de la inteligencia sobre la fuerza en el combate a la violencia son algunos factores que minan el desarrollo de paz en México, comentó Leonel Fernández, directivo del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

“Si México redujera su índice de violencia general al nivel de sus cinco estados más pacíficos, generaría un dividendo de paz de 2.5 billones de pesos al año”, refiere el informe.

En el marco de un nuevo gobierno, no obstante, el Estado deberá procurar una estrategia más amplia de combate a la violencia y reducir la “ineficiencia” de las autoridades, explicó Juárez.

Para Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), urge “poner el ojo” en la actuación de la Guardia Nacional ya que si los militares van a dirigir y formar un cuerpo de seguridad publica, vamos a tener “una seguridad militarizada” que no es ajena a la violación de derechos humanos.La investigadora recordó que la violencia en México está ligada a una “crisis grave de violación de derechos humanos”, en un país en que hay más de 40 mil desaparecidos y más de 1 mil 300 fosas clandestinas, y donde las instituciones de impartición de justicia “no funcionan”.

Según las cifras más recientes del IEP, “México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16”, cuyo déficit se traduce en menor número de casos en tribunales, bajas tasas de condenas y por ende, más impunidad.

Esta situación se ve agravada ya que, hasta 2017, “los estados mexicanos registraron una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra la falta de recursos humanos suficientes”.

VIOLENCIA EN ESTADOS

En un México en que hubo más de 34 millones de delitos cometidos en 2017, donde más del 97 por ciento de los crímenes quedó impune, donde la cifra negra (delitos no denunciados) supera el 90 por ciento de los casos y donde el gasto en el sistema de justicia “es la mitad del promedio de la OCDE”, el repunte de violencia en 2018 implicó un retroceso en el 69 por ciento (22) de los estados y una mejoría en el resto (10).

Según el IPM 2019, el estado mexicano menos pacífico es Baja California, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.

En contraste, Yucatán continua siendo el estado más pacífico del país. Le siguen Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.

Asimismo, el Índice menciona que en el último año Baja California Sur tuvo el mayor grado de pacificación con un decremento de 76 por ciento de su tasa de homicidios, mientras que la entidad federativa con el mayor deterioro de su índice de paz fue Guanajuato, donde la tasa de homicidios tuvo un incremento de 127 por ciento.

De acuerdo con el IPM 2019, en los tres estados con mayores mejoras —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora— los gobiernos pusieron en marcha programas que incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación de empresas y de la sociedad civil.

Para pacificar al país, será menester invertir en fortalecer la capacidad policial, de jueces y de infraestructura, así como generar información suficiente para profundizar en las dinámicas de violencia y formas específicas de victimización (tanto de perpetradores como de entornos de violencia), además de generar políticas multidimensionales, explicó Leonel Fernández.

Además, el IEP urge la necesidad de fortalecer los ocho factores de paz positiva en México: buen funcionamiento de gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos.

CRECEN LAS AGRESIONES

Los datos presentados por el IEP indican que la violencia afecta de diferente forma a hombres y mujeres.

Por un lado, nueve de cada 10 víctimas de homicidio fueron hombres, de los cuales, una tercera parte tenía entre 15 y 29 años de edad.

Por otro lado, el 71 por ciento de los delitos de trata de personas estuvo concentrado en las mujeres, además de que el 41 por ciento de ellas ha sufrido de violencia sexual (que aumentó 12.4 por ciento en 2017-2018) y el 44 por ciento violencia por parte de su pareja sentimental (que aumentó 5.7 por ciento en 2017-2018).

“La violencia afecta más a los jóvenes que a los adultos, ya que la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42 por ciento más alta que la de la población en general. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata de personas fueron niños, niñas o adolescentes”, refiere el IPM 2019.

Pese al entorno negativo, hubo aspectos positivos en 2018.

Los tasa nacional de delitos de violencia decayó en 0.4 por ciento con respecto al “abrupto incremento” en 2017. Asimismo, la tasa de asaltos de 2018 se mantuvo en niveles similares a la de 2017.

No obstante, refiere el informe del IPM 2019, “resultan alarmantes los 850 actos de violencia ocurridos contra políticos entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, de los cuales, el 75 por ciento estuvo dirigido a políticos de nivel municipal” y el 81 por ciento a políticos de partidos de oposición.

En ese sentido, de 175 políticos que fueron asesinados en la ola de violencia, “el mayor número sucedió en Guerrero y Oaxaca: 32 y 29 homicidios, respectivamente”.

El IPM 2019 indica que también resultó preocupante el índice de violencia contra periodistas. “En 2017, se documentaron 507 casos de agresión” y “hacia julio de 2018 ya habían registrado 389 ataques” adicionales, o bien, un 40 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Por lo anterior, el informe concluye que “México es débil en varios pilares clave como niveles de corrupción, funcionamiento de gobierno y libertad de los medios. La debilidad en estos pilares se manifiesta entre otras cosas con los ataques a políticos y periodistas, y los altos niveles de impunidad”.