En su primera versión pública sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró que agentes estatales localizaron y protegieron a 68 normalistas de Ayotzinapa del grupo de la Policía Municipal conocido como “Los Bélicos” que ya los “estaban cazando” en diversas colonias de Iguala la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

De no haber ocurrido esta intervención, subrayó, se estaría hablando ahora no de 43 sino de 111 normalistas desaparecidos.

Además, pidió que se cite a declarar al entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que se les pregunte por qué recomendaron al Presidente Enrique Peña Nieto que el Gobierno federal no interviniera pues se trataba de un “asunto local”.

Asimismo, Aguirre hizo alusiones veladas al ex Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y a la corriente del PRD conocida como “Los Chuchos”, y señalamientos a un activista cercano a Rogelio Ortega Martínez, quien lo sucedería en el cargo luego de que fue obligado a solicitar licencia un mes después de los sucesos.

El pasado sábado, el ex Gobernador dio su versión acerca de su comparecencia ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj-A), formada a instancias del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en la que participan padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Aguirre escribió en su cuenta personal de Facebook que a invitación del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, que coordina la Covaj-A, asistió a la Ciudad de México a una reunión con autoridades federales, padres de los normalistas y quien fuera Procurador en su Gobierno, Iñaki Blanco. “El diálogo fue de frente y sin rodeos”, destacó de la reunión que se llevó a cabo el martes pasado.

Sostuvo que está convencido de que este tipo de reuniones contribuirá a conocer qué fue lo que realmente ocurrió en esas horas “infaustas”, pues aún persisten dudas de lo que ocurrió. Y subrayó que “Guerrero vivió situaciones aciagas a raíz de estos hechos”, en referencia a la acción de policías municipales de Iguala y sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos que atacaron el 26 y 27 de septiembre a más de un centenar de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y mataron a tres personas, a tres alumnos y desaparecieron a 43 de éstos.

“Nosotros, en esos momentos, hicimos lo que correspondía: en las horas posteriores y en cuanto tuvimos conocimiento de los estudiantes que escaparon a la agresión, establecimos un operativo de búsqueda y rescate a partir de las tres de la mañana del 26 de septiembre, que concluyó aproximadamente a las seis de la mañana”.

Dijo que algo que pocos tienen presente es que agentes estatales lograron localizar a 68 jóvenes normalistas “que pudieron correr la misma suerte de sus compañeros desaparecidos, ya que la policía municipal, en especial el grupo denominado Los Bélicos, los estaban cazando”.

El ex Gobernador manifestó que de no asistirlos como se hizo, habrían sido no 43 sino 111 los estudiantes desaparecidos. Y de eso, resaltó, hay testigos en la propia población y consta en los expedientes de la investigación del caso. Además, agregó, al tomar conocimiento de la participación de policías municipales en el ataque, el Procurador Iñaki Blanco tomó la decisión de concentrar y desarmar a 300 de ellos.

Relató que luego de que se les tomó sus declaraciones ministeriales, se consignó a 33 policías, que se encuentran todavía recluidos, y el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México reconoce que en esos casos no hubo tortura de por medio.

Y también escribió que la búsqueda y el rescate de normalistas por corporaciones de su gobierno se continuó al menos hasta el 23 de octubre, “fecha en que me separé del cargo de gobernador”.

Externó que de éstas y otras acciones de su gobierno mantuvo informado al gobierno federal, que encabezaba Enrique Peña Nieto, pese a que allá decidieron que éstos eran hechos “locales”.

A unos días de que se nombrara al fiscal especial del caso, Ángel Aguirre Rivero dijo que en esta nueva etapa de la investigación es importante que sean convocados quienes tenían alguna responsabilidad pública durante los días previos y posteriores, incluso los que estuvieron al frente de las investigaciones en el gobierno federal.

Y lanzó: “Hay muchas preguntas que responder, entre ellas: ¿por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong recomendaron al presidente Enrique Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y días de los acontecimientos bajo el argumento de que se trataba de un asunto local, lo que derivó en que Peña Nieto nunca escuchara mi versión?”.

Argumentó asimismo que es importante conocer de qué información dispone quien era el comandante del 27 Batallón de Iguala, lo mismo que el de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, a la sazón el general Alejandro Saavedra Hernández, quien luego fue ascendido a comandante de la Novena Región Militar que comprende todo Guerrero.

Asimismo, preguntó sobre la actuación de dos organismos dependientes del entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong: “¿Qué seguimiento se dio a los sucesos por parte del CISEN a cargo de Eugenio Imaz? ¿Qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en esta ciudad (Iguala), en auxilio de los jóvenes desaparecidos?”.

El ex gobernador también dijo que hasta cuándo se descubrirá “el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón”, quien, según el informe final de la CNDH, es clave para entender lo sucedido esa noche en Iguala.

Cuestionó porqué hasta la fecha la Secretaría de Gobernación (Segob) se ha negado a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en las diversas reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero donde se exponían los problemas de esa ciudad.

Luego, el ex gobernador se hace eco de las versiones que implican en la generación del problema al entonces director de la escuela, José Luis, un activista del movimiento de la Universidad- Pueblo muy cercano a Rogelio Ortega Martínez, quien sustituyó precisamente a Aguirre en el cargo.

“¿Qué relación guardaba el entonces director de la escuela normal de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según revela la CNDH?”.

Asimismo pregunta: “¿Se trasladó a un grupo de normalistas a Huitzuco y Mezcala?”, zona de influencia del grupo político del ex gobernador Figueroa Alcocer.

Y luego, en alusión a las diferencias que tuvo en el PRD con el grupo de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, lanzó: “¿Por qué el PRD llevó como su candidato a José Luis Abarca, cuando eran del dominio público sus posibles vínculos con la delincuencia organizada? ¿Y quiénes promovieron esta candidatura?”.

Al final dijo que confía en que la actual investigación resolverá “éstas y muchas otras interrogantes; la principal, conocer el paradero de los estudiantes”. Y se comprometió a aportar la información que esté a su alcance para aclarar cualquier duda que permita resolver el caso y dar paso a una reconciliación, “que mucha falta nos hace”.

Y, como en otros casos, sin precisar quién es el destinatario de su mensaje, el ex gobernador concluyó: “El que nada debe, nada teme. La verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio para complacer a un grupo”.

Con información de Sin Embargo.