Redacción

Cristian López, hermano de Giovanni, quien murió a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, desmiente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al asegurar que el asesinato de su hermano sí fue por no traer cubrebocas.

Esto a través de un videro publicado por el periodista Carlos Loret de Mola en sus redes sociales.

En un video publicado por el periodista Carlos Loret de Mola en sus redes sociales, Cristian López aseguró que la detención de su hermano Giovanni López, por parte de los policías municipales de Ixtlahuacán que después lo asesinaron, sí se debió a que no traía puesto un cubrebocas.

El joven, que el 4 de mayo pasado presenció la detención de su hermano, responsabilizó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de la muerte de Giovanni por publicar el acuerdo que permite a las policías municipales obligar a los ciudadanos a acatar las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19.

“Usted dijo que era obligatorio (usar el cubrebocas) brincando las leyes más superiores de usted, y usted miente, miente al decir que no fue por un cubrebocas, inventando que estaba drogado o cualquier cosa, la ley que se le aplicó a él fue por un cubrebocas que no traía”, declaró.

Cristian López refirió que si no se hubiera impuesto la medida, su hermano seguiría vivo y trabajando.

Aunque aún no está claro porqué los policías detuvieron a Giovanni, pues sólo se ha dicho que fue por una falta administrativa, las autoridades estatales afirman que no fue así.

El pasado 19 de abril se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el “Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de Covid-19”.

Entre otras medidas, en el documento se establece el uso obligatorio de cubrebocas y se delinean las sanciones a quienes incumplan con la obligatoriedad del acuerdo y quien debe vigilar el acatamiento de las disposiciones.

“Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas”, dijo. La sanción más dura referida en el acuerdo es el arresto hasta por 36 horas.

Con información de El Universal