Tres semanas después de ubicarlo en Nuevo México en marzo, las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos la extradición de César Duarte para ser juzgado por un quebranto de 96 millones de pesos a la Hacienda estatal y no por la llamada Operación Zafiro, que denunció el actual mandatario Javier Corral y que consistió en la supuesta utilización de recursos públicos en las campañas del PRI en 2015, por lo que no enfrentará por ahora esa imputación.

De acuerdo con las investigaciones las operaciones financieras que beneficiarían a sus empresas se realizaron entre 2011 y 2014. Según la investigación se encontraron graves irregularidades, lo que demostró que se utilizaron por lo menos 11 procedimientos administrativos fraudulentos para entregar el dinero público a corporaciones vinculadas al exgobernador de Chihuahua.

Los aparentes procedimientos administrativos para el desvío de recursos por parte de César Duarte se habrían concretado en 17 pagos a la Unión Ganadera Regional General “División del Norte” del estado de Chihuahua y a “Financiera de la División del Norte”, ambas relacionadas con el exgobernador.

“Los pagos se realizaron principalmente en supuestos aspectos económicos y financieros, acuerdos de apoyo y un contrato de préstamo con intereses, que se firmaron en diferentes momentos durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Según la acusación realizada por la Fiscalía, “Los procedimientos administrativos para realizar los pagos muestran múltiples irregularidades: documentación incompleta, procedimientos inacabados, inconsistencias en fechas, conceptos y cantidades, violación de procedimientos legales para otorgar subsidios (apoyo económico y financiero) y contratación”

También se enfatizó el evidente conflicto de intereses entre el entonces gobernador, como el principal administrador del patrimonio del estado y las corporaciones para las cuales también se controló el patrimonio.

Se expone que en los archivos de las secretarías involucradas no hay evidencia del cumplimiento del respaldo económico y financiero otorgado, y el préstamo contratado por las corporaciones asociadas al exgobernador por lo que, en otras palabras, no hay evidencia de que el estado el dinero en cuestión se usó con fines públicos, por lo que se presume el desvío de recursos públicos.

Los pagos realizados a Unión Ganadera y Financiera vinculados al exgobernador ascienden a 96 millones 685 mil 253.80 pesos, de los cuales se entregaron 64 millones 685 mil 253.80 pesos a Unión Ganadera y 32 millones a Financiera.

La causa penal contra el exgobernador contiene más de 20 declaraciones realizadas por personas que entre 2010 a 2016, fueron cercanas al entonces gobernador y trabajaron para el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría de Desarrollo Rural.

En la audiencia del 8 de julio se buscó que el exgobernador pudiera obtener la libertad bajo fianza, sin embargo la juzgadora no se pronunció sobre el tema. César Duarte fue electo en 2010 y gobernó el estado de Chihuahua por un periodo de seis años.

Con información de La Verdad Noticias.