Redacción

Defensores de los derechos humanos exigieron la inmediata liberación de 12 indígenas chiapanecos  encarcelados injustamente desde mayo de 2019 por delitos ambientales que no ameritan la prisión preventiva oficiosa.

En un comunicado, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Marcos Mayo Mendoza, directores de las asociaciones civiles Acceso y Defensa en Derechos Humanos e Ixim, respectivamente, demandaron que a los chiapanecos, de la etnia ch’ol, se les permita enfrentar su proceso en libertad.

El grupo fue timado en la compra de tierras que resultaron estar dentro de una reserva ecológica de jurisdicción estatal.

Ellos son Guadalupe Lázaro López, Miguel Mayo Díaz, Juan López Arcos, José Antonio Méndez Arcos, Gumersindo Méndez Pérez, Domingo Mayo Díaz, Nicolás Arcos López y/o Nicolás López Arcos, Nicolás López Trujillo, Antonio Méndez Díaz, Marcos Arcos Guzmán, Julio Arcos Álvaro y Armando Arcos Guzmán.

Los activistas explicaron que el grupo de procesados se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) San Francisco de Kobén, en la capital campechana, desde que fueron detenidos por agentes de las policías Estatal y de Investigación el 27 de mayo de 2019.

Denunciaron que el grupo de indígenas fue detenido “sin orden de aprehensión ni detención ministerial”, “bajo el supuesto de estar cometiendo delito ambiental en flagrancia”.

Detallaron que, días antes de ser aprehendidos, los procesados salieron de su lugar de origen, el municipio de Salto de Agua, Chiapas, con la intención de conseguir un lote de tierra para vivir con su familia de manera lícita y honesta.

“En el municipio de Salto de Agua, Chiapas, se difundía por diferentes medios de comunicación que en el estado de Campeche existía la posibilidad de comprar un terreno para vivir, por lo que pensando en un bienestar para sus familias, fueron en busca de esa oportunidad”, añadieron.

En su lugar de origen se les aseguró que no habría ningún problema legal en la compra de los terrenos en cuestión, pero una vez asentados en el sitio resultó que el sitio se trataba de una reserva ecológica estatal.

El 3 de junio de 2019 fueron vinculados a proceso por delito ambiental y, aunque este no es grave y ameritaría enfrentar el proceso en libertad, quedaron sujetos a prisión preventiva justificada por supuestamente existir riesgo de fuga o evadir el proceso penal que se les sigue en Campeche dentro de la carpeta judicial 358/18-2019/JC.

Posteriormente, la Fiscalía General de Campeche los acusó del mismo delito  solicitando la aplicación de una pena de prisión de siete años.

Además, “la fijación de la audiencia intermedia para el ofrecimiento de medios de prueba fue pospuesta para varios meses, supuestamente por existir la posibilidad de iniciar un procedimiento abreviado”.

En diciembre de 2019, Acceso DH e Ixim retomaron la defensa del caso y a la brevedad solicitaron el procedimiento abreviado, con el que reconocen la acusación y pueden ser acreedores a una pena baja de un año de prisión, la cual estaba prácticamente cumplida.

“Aunque la Fiscalía en un principio manifestó verbalmente a nuestros representados que también aceptaba el trámite de esa terminación anticipada del proceso, posteriormente lo rechazó cuando se pretendió formalizar. Apelamos la negativa del procedimiento abreviado y ahora el caso se encuentra en juicio de amparo indirecto 490/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche”, señalaron.

El 12 de marzo pasado, en audiencia en el Juzgado Cuarto de Control, los defensores solicitaron la aplicación de una excluyente del delito por existir elementos de que ellos no tenían conocimiento de que el lugar en el que se asentaron era una reserva ecológica estatal, y ello actualizaría un error que excluye el delito, para lo cual se solicitó un peritaje en antropología.

“Esto fue negado por la Juez Cuarto de Control en Campeche y por ello acudimos a un amparo indirecto 386/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, que se encuentra detenido por la pandemia al igual del 490/2020”, añadieron los defensores.

“El Poder Judicial de la Federación argumenta de que la Justicia Federal se encuentra trabajando a través de medios digitales, lo cual no es del todo cierto”, reprocharon.

El pasado 27 de agosto de 2020 se llevó a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar de la prisión preventiva, solicitada por Acceso DH e Ixim con base en la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a Pandemia y Derechos Humanos.

No obstante, la Juez Cuarto de Control confirmó la prisión preventiva justificada hasta la conclusión del procedimiento penal, por lo que la defensa interpuso el amparo indirecto 759/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Campeche.

Dadas las circunstancias, los activistas exigieron al gobierno y la Fiscalía de Campeche “sensibilidad social y humana para el tratamiento” de este asunto, permitiendo al grupo de procesados continuar su proceso judicial en libertad, “para no continuar afectando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y un juicio justo”.

También, en su momento, restituirles plenamente la libertad, considerando los hechos y la inexistencia del delito con base en elementos culturales que deben ser tomados en cuenta de conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con información de Proceso