Todo parece indicar que desde el Poder Judicial se está fraguando una estrategia para detener todos los proyectos de infraestructura importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal es el caso respecto al aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya en el sur del país. 

Una y otra vez, una lluvia de amparos se han emitido para evitar que las obras tomen curso y continúen llevándose a cabo. 

En su conferencia mañanera, el Presidente tocó el tema y llamó como “sabotaje legal” al conjunto de amparos emitidos por diversos jueces para detener los proyectos en comento y otros casos controversiales  como el de Ayotzinapa. 

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que dará a conocer los nombres de los funcionarios que han otorgado estas medidas judiciales y reiteró que hará valer su derecho de réplica.

«Vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación, ¿o no podemos nosotros?, yo creo que también, es lo único. Entonces, en el caso de los amparos vamos a dar a conocer aquí quienes están otorgando esos amparos».

Sin dar nombres, AMLO hizo referencia al amparo otorgado al presunto responsable de ejercer tortura, en contra de un implicado, en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Iguala Guerrero.

«Se identificó a la persona, se pidió a la autoridad, a la Fiscalía General que se actuara, se le llama a comparecer, sólo a que se presente y se le otorga un amparo», señaló.

El Ejecutivo precisó que, tras ser difundido el caso, el implicado debió presentarse a comparecer ante la autoridad pues e trata de un delito grave, violatorio de derechos humanos. «Estamos hablando de tortura», dijo.

Desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador, este hizo público su descontento sobre el trabajo que realizan los integrantes del poder judicial, en particular jueces que obstruyen la impartición de justicia en perjuicio de las y los ciudadanos.